Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas fue declarada exequible por la Corte Constitucional

Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas fue declarada exequible por la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es ajustada a la constitución. La decisión la tomó, este miércoles, al declarar exequible el Decreto 589 del 5 de abril de 2017 que creo, por un periodo de 20 años –que podrán ser prorrogables–, la entidad encargada de dirigir, coordinar y contribuir en acciones para buscar personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia.

Este organismo será de carácter humanitario y extrajudicial, pues no inhabilitará a las autoridades que adelantan investigaciones para establecer las circunstancias y responsabilidades, ni tampoco podrá ser utilizado para atribuir responsabilidades. La unidad, de acuerdo con el decreto, tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, que corresponda a características en cada territorio y en cada población, con especial atención en la protección de mujeres y menores víctimas del conflicto armado.

Entre sus funciones, la Unidad deberá recolectar toda la información disponible para ubicar a personas desaparecidas y contrastar la información de entidades oficiales y no oficiales. Igualmente, tendrá que poner en marcha un plan nacional que establezca prioridades para cumplir con los objetivos en coordinación con entidades, víctimas y organizaciones de derechos humanos.

También deberá coordinar y adelantar, con el apoyo de Medicina Legal y de otras entidades, procesos para buscar, localizar, recuperar, identificar y entregar los cuerpos de personas desaparecidas. Asimismo, entre sus funciones está la de garantizar la participación de los familiares en la búsqueda de sus seres queridos y que deberá estar acompañado de un informe detallado de la información que se logre obtener sobre lo sucedido.

Esta unidad deberá, entre otras cosas, elaborar e implementar un registro nacional de fosas, cementerios legales y sepulturas, en coordinación con autoridades competentes. Igualmente tendrá acceso a bases de datos oficiales y podrá firmar convenios con organizaciones de víctimas y de derechos humanos para tener acceso a la información. En cuanto a la información reservada, la Unidad deberá garantizar la reserva de la misma por escrito. Lo mismo sucederá con la información de inteligencia y contrainteligencia. Esta Unidad, para la Corte Constitucional, es una realidad.

Cuatro claves para entender los desafíos de la Unidad

Foto: La Razón

Los familiares participarán en la búsqueda de sus seres queridos

El carácter humanitario y extrajudicial de la Unidad facilitará la participación de las familias en la búsqueda de los desaparecidos, pues su intervención no estará restringida por las limitaciones y las formalidades de un proceso judicial penal.

“Hasta el momento – explica Luz Marina Monzón – la búsqueda de desaparecidos en Colombia se ha adelantado en el marco de procesos penales en los que los familiares se han limitado a testimoniar”. Pero en los procesos que adelantará la Unidad (cuya tarea no es juzgar a los victimarios) la lógica será distinta, pues los familiares no solo aportarán con información o con sus testimonios, sino también con los saberes y metodologías que han construido a partir de sus propias experiencias de búsqueda.

“Las actividades de la Unidad serán verdaderamente reparadoras en la medida en que las familias contribuyan en cada etapa de la búsqueda y su experticia sea incorporada en las herramientas humanitarias de búsqueda, localización e identificación que la Unidad establezca”, dice Monzón.

Para César Muñoz esta es una gran oportunidad para visibilizar la labor investigativa que cientos de familias y organizaciones sociales adelantan hace varias décadas para dar con el paradero de sus desaparecidos.

“No solo buscamos cuerpos, también buscamos verdades”

Localizar un cuerpo, identificarlo y devolverlo a sus familiares para que realicen los rituales de entierro y despedida que han postergado durante años sin duda ayudará a mitigar su dolor. “Pero la sensación de incertidumbre muchas veces no termina con el hallazgo del cuerpo, sino con el esclarecimiento de las circunstancias que precedieron y rodearon la desaparición”, señala Muñoz.

En ese sentido, la función reparadora de la Unidad de Búsqueda no solo radica en su efectividad para encontrar cadáveres, sino en su capacidad para contribuir a esclarecer los contextos, las motivaciones y los actores que propiciaron la desaparición.

“Exhumar los cuerpos que fueron desaparecidos y privados de la vida implica exhumar verdades que nos permitirán entender los porqués de la desaparición forzada en Colombia y lo que ha significado para las comunidades construirse en medio de tantas ausencias”, anota Muñoz.

Esa, para Monzón, es una de las tareas más desafiantes de la Unidad:. “Esperamos que este mecanismo nos ayude a comprender que las personas desaparecidas nunca han dejado de ser parte de esta sociedad y que su desaparición no solo ha afectado a sus familiares, sino que ha instalado la desconfianza y el miedo como formas de interacción social en todo el país”.

La Unidad de Búsqueda aportará a la Comisión de la Verdad y se alimentará de la JEP

Las actividades humanitarias de la Unidad de Búsqueda se desarrollarán como complemento y sin asumir las funciones de la Comisión de la Verdad y de la JEP. En ese sentido, dice Monzón, los tres mecanismos deberán articularse de manera adecuada para operar como lo que son: un sistema integral para ofrecer respuestas a las víctimas.

“La documentación que recolectará la Unidad le servirá a la Comisión de la Verdad para entender, en perspectiva de memoria histórica, qué lugar ocupó la desaparición forzada en el conflicto armado”, dice Monzón.

En relación con la JEP, la experta explica que la Unidad de Búsqueda debe garantizar la confidencialidad de sus fuentes y que, por lo tanto, no podría entregárselas a ese organismo de justicia. “Salvo los estudios forenses, nada de la información que produzca o reciba la Unidad puede servir como prueba a las autoridades judiciales”, anota Monzón.

“Lo que sí se esperamos es que la JEP remita a la Unidad de Búsqueda a las personas que acepten haber cometido crímenes de desaparición forzada para que contribuyan a dar con el paradero de los desaparecidos”, puntualiza Monzón.

La Unidad también espera encontrar a los combatientes dados por desaparecidos y a personas con vida

Otro de los desafíos de la Unidad de Búsqueda es encontrar a los combatientes de todos los grupos armados que fueron desaparecidos en medio de las dinámicas de la guerra y cuyas familias, al igual que las de los civiles, esperan respuestas. Así mismo, la Unidad enfrenta el desafío de localizar a personas que hoy son dadas por desaparecidas, pero que no han perdido la vida.

“Los mecanismos de búsqueda que las instituciones especializadas en el tema han desarrollado hasta ahora se concentran en la búsqueda de personas fallecidas, pero la Unidad está llamada a diseñar nuevas herramientas para encontrar vida”, dice Monzón. Experiencias como las de El Salvador (donde se han especializado en buscar a personas que desaparecieron siendo niñas) o como las de Argentina (donde las Abuelas de la Plaza de Mayo han dado con el paradero de los nietos que desaparecieron durante la dictadura) son, según la directora de la Unidad, un buen ejemplo en este sentido.

 


Con información de Mimbre y El Espectador

¿Acabar con la JEP?

¿Acabar con la JEP?

Contexto: Los costos de acabar con la JEP

Por Sandra Botero y Felipe Cortés

Uno de los temas centrales de la campaña presidencial fue, para bien o para mal, la justicia transicional en el marco de los acuerdos de paz con las FARC. La campaña de Iván Duque en particular puso sobre la mesa duras críticas a la JEP (Justicia Especial para la Paz). Marta Lucía Ramírez, candidata a vice-presidenta, habló de la posibilidad de acabarla y trasladar los casos al sistema judicial ordinario.

Esta semana, afirmó que la solución podría ser una sala especial dentro de la Corte Suprema de Justicia. No sabemos si se harán realidad estas promesas de campaña, pero vale la pena sopesar lo que podrían significar.

Acabar con la JEP desconoce el rol particular de este tribunal en el marco del sistema más amplio de justicia transicional. Pero, además, resulta cuestionable en la medida en que el sistema ordinario está desprestigiado y no tiene la capacidad para manejar bien estos casos.

Más allá de las dudas que genera el arranque de la JEP—fruto de la controversia alrededor de la implementación de los acuerdos, la magnitud de la tarea y los retrasos—la propuesta alternativa no parece particularmente prometedora.

La justicia transicional es un asunto complejo, que surge de negociaciones políticas y cuya ejecución tiene una dimensión política. Aunque no es fácil “tragarse el sapo” de penas reducidas o alternativas, es necesario entender el contexto y pensar más allá de la coyuntura electoral.

Justicia transicional y justicia penal ordinaria no son lo mismo

Contexto: Guía para que no se pierda cuando le hablen de la JEP

La justicia transicional consiste en diferentes medidas y/o mecanismos (judiciales o no judiciales) a los que se recurre para reparar violaciones a los derechos humanos. En el caso de los acuerdos de paz de La Habana con las FARC, se buscó un balance entre el castigo por los crímenes cometidos, la verdad y penas reducidas para quienes reconozcan su responsabilidad. Esta es una lógica muy diferente a la de justicia penal ordinaria, y esto la hace controversial y a menudo poco popular.

La justicia transicional no es nueva: Colombia tiene experiencias previas (Justicia y Paz la más reciente) y muchos otros países se han embarcado en procesos similares al intentar dar cierre a conflictos complejos. Otros ejemplos incluyen el Tribunal para el genocidio camboyano, el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, el Tribunal Penal para Ruanda y el Tribunal Especial para Sierra Leona.

Algunos de estos son tribunales con jueces internacionales, otros tenían mandatos más reducidos, diferentes, o más largos que los de la JEP, que funcionará por 15 años (con posibilidad de prolongarse por 5 años más). Cada caso es único, pero todos generaron fuertes debates. Colombia no es la excepción en ese sentido.

Sin embargo, la ocurrencia simultánea del arranque de la JEP con la campaña presidencial ha vuelto la discusión un tema electoral candente donde están primando las consideraciones de corto plazo. No parece una casualidad que el proyecto de ley estatutaria no haya sido votado esta semana y quedara aplazado para después de la segunda vuelta.

Según el acuerdo de paz, habrá penas reducidas y alternativas (como desminado y erradicación de cultivos ilícitos) para quienes reconozcan sus responsabilidades y cuenten lo sucedido. Por ejemplo, si una persona cometió el delito de desaparición forzada, deberá no solo reconocer su responsabilidad, sino que también deberá contar que sucedió con la víctima. Solo reconociendo los actos y contando toda la verdad se podría acceder a las penas reducidas.

La JEP, además, es solo una parte del engranaje más amplio que se conoce como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). El SIVJRNR se compone también de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y de la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El objetivo del sistema no es sólo punitivo: es darle garantías a la sociedad colombiana de que se conocerá lo que sucedió durante el conflicto, que las víctimas serán reparadas y que no habrá un intento por parte de las FARC de volver a alzarse en armas contra el Estado colombiano. Los críticos de la JEP recalcan que las penas son insuficientes. El asunto es que las penas fueron fruto de una negociación política, pero que además, como vimos, estas no buscan únicamente el castigo.

Aparte de la brevedad de las penas, que ha sido duramente criticada, gran parte del debate público se ha centrado en si es conveniente que ex combatientes (especialmente comandantes) asuman curules en el Congreso sin haber pasado por la JEP. Aunque este tema no es menor—y las consecuencias de los retrasos con el arranque de la JEP en este sentido son importantes—acabar con la JEP impactaría también y sobre todo a los miles de ex combatientes rasos y a otras personas (incluidos militares) que se han acogido a su jurisdicción.

También podría ser negativo para las víctimas. Remitir los crímenes asociados con el conflicto para que sean procesados y juzgados por la justicia ordinaria acabaría con la lógica de la justicia restaurativa y bien puede relegar a las víctimas a un segundo lugar, o dejarlas por fuera.

La lógica de la justicia penal ordinaria es otra. Para mencionar solo un aspecto, recordemos un punto que enfatiza Yesid Reyes (2018): el interés primario del juez ordinario no es conocer toda la verdad del crimen sino proferir sentencia ante la aprobación de la culpabilidad. Los casos se juzgan de manera individual. Proceder así rompería la lógica del SIVJRNR.

¿Tiene capacidad el sistema judicial ordinario para asumir estos casos?

El sistema judicial no solo atraviesa una fuerte crisis de legitimidad, sino que además carece de los recursos para asumir de manera eficiente esta tarea.

La corrupción y la ineficiencia son los problemas más graves del sistema judicial. Los escándalos más recientes han salpicado hasta las instancias más altas, incluidas la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Esto ha impactado de manera negativa su legitimidad. La desconfianza de los ciudadanos en el sistema judicial ha aumentado en años recientes (ver gráfico). Según la encuesta LAPOP del 2016, mas del 50% de los colombianos no confían en el sistema judicial.

 

 

Adicionalmente, el sistema judicial está sobrecargado: en algunos sectores, hay procesos represados desde hace diez años. La celeridad en el procesamiento de crímenes después de un acuerdo de paz es una consideración importante.

Una de las críticas más fuertes que enfrentó el Tribunal para el Genocidio Camboyano (encargado de juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante el régimen de los Jémeres Rojos) es que en sus 13 años de funcionamiento solo ha sentenciado a cinco personas y presentados cargos a cuatro más. La JEP cuenta con recursos dedicados y está construyendo criterios de priorización de casos que buscan minimizar estas demoras.

Un sistema como el penal colombiano en el que los ciudadanos no confían y el cual, además, no puede procesar a tiempo su carga regular no está preparado para asumir los crímenes cometidos durante el conflicto.

La idea de que la justicia ordinaria asuma esos casos abre también todo un abanico de preguntas sobre los jueces y como se distribuiría este trabajo: ¿a qué jueces y de qué partes del país se les asignarían los procesos? ¿Se centralizarían todos los casos? Los magistrados de la JEP fueron escogidos por un comité independiente.

Entre ellos hay personas de diferentes regiones del país, militares, afrocolombianos e indígenas, con experiencia en derechos humanos y la mitad son mujeres. Esto permite tener un amplio espectro de conocimientos y percepciones, e intenta darle voz a distintas perspectivas, poblaciones e ideas en la labor de la Jurisdicción. No está claro quiénes asumirían estas responsabilidades de acabar con la JEP.

Para muchos, la única forma de tratar con los ex combatientes de las FARC es a través de las sanciones que determina el código penal colombiano. Desde esta postura, acabar con la JEP puede parecer una propuesta conveniente. La justicia transicional es un asunto complejo que surge de una negociación política, y no es fácil reconciliarse con la idea de que ex combatientes cumplirían pocos años de cárcel, o incluso no serían encarcelados.

Si bien es conveniente y necesario hacerle seguimiento a la gestión de la JEP y vigilar su arranque, es también necesario entender el contexto y pensar más allá de la coyuntura electoral. El juzgamiento de los actos cometidos durante un conflicto armado que duró más de 50 años requiere más que las capacidades actuales del sistema penal ordinario. Decidir sobre ellos y reparar a las víctimas es una tarea crítica que debería ir más allá de los cálculos electorales de corto plazo.

 

Vía La Silla Vacía

Los costos de acabar con la JEP

Los costos de acabar con la JEP

 

Escrito por Mariana Casij Peña y Martha Maya Calle integrantes del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT).

Contexto: Guía para que no se pierda cuando le hablen de la JEP

Las últimas noticias sobre la JEP y la tensión que dejó el plebiscito alimentan todos los días la polarización. Los debates presidenciales se quedan en lo superficial: apoyan o rechazan el proceso de paz y/o su implementación, sin entrar en mayor detalle.

Pero la discusión debería ir más allá, analizar lo ya avanzado y lo que está pendiente, pensar si hay reformas que puedan hacerse que no afecten el corazón del Acuerdo y, sobre todo, no dejar de lado las expectativas que tienen las víctimas, los exguerrilleros, la fuerza pública y la sociedad en general. Para contribuir al debate, estos son algunos de los costos que tendría acabar con la JEP.

La incertidumbre de las víctimas y de todos los que podrían ser juzgados

Si se acaba la JEP, es posible que, por los tiempos que se tarda una reforma constitucional en ser aprobada en el Congreso, tengamos que esperar por lo menos un año para saber quién juzgará los crímenes cometidos durante el conflicto. Esta incertidumbre tiene tres tipos de consecuencias.

Primero, una sensación de impunidad para la sociedad y las víctimas, muchas de las cuales han esperado décadas para que la justicia ordinaria dé una respuesta. Al cabo de los años la firma del Acuerdo de Paz habrá dejado decisiones sobre amnistías u otros beneficios penales y puesto en marcha la participación política de los excombatientes; pero la deuda de justicia por las atrocidades cometidas en el conflicto seguiría en veremos.

Segundo, la alta inseguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado que han manifestado su interés y voluntad de someterse a la JEP, con el fin de obtener beneficios penales. Del listado de 1.751 militares y policías que solicitaron someterse a la JEP, más de 1.000 ya se encuentran en libertad condicionada y no es claro qué pasaría con esas decisiones.

Y tercero, la inseguridad jurídica para los desmovilizados de las Farc que entregaron sus armas bajo las reglas de la JEP. Esto, sumado a la desconfianza que tienen en el Estado, representaría un incentivo para volver a la insurgencia.

Desaparecen la zanahoria y el garrote

Cualquier beneficio en justicia, como las sanciones reducidas, está condicionado al compromiso de los responsables con la verdad, la reparación y la no repetición. Si no cumplen, enfrentan las consecuencias de un delincuente común, penas de mínimo 15 años.

Sin la JEP se elimina la zanahoria, es decir, las sanciones reducidas y alternativas. Dejar solo el garrote de la justicia ordinaria afecta los incentivos de los responsables para contribuir a la verdad (participando en la Comisión de la Verdad y en la búsqueda de desaparecidos), la reparación y comprometerse con la no repetición. Todo lo anterior hace la diferencia para las víctimas y para la reconciliación.

Además, la justicia ordinaria no ha sido suficiente para hacer frente a los crímenes cometidos durante el conflicto armado, eso lo saben las víctimas y la sociedad.

Se perdería credibilidad del Gobierno para negociar acuerdos con grupos al margen de la ley

Acabar con la JEP representa un incumplimiento del Acuerdo Final. Da a entender que esta era una política de Gobierno y no de Estado y que la facultad del presidente de suscribir e implementar acuerdos de paz tiene la misma duración que su periodo.

Un nuevo gobierno que decida acabar con este tribunal enviaría un mensaje que puede actuar en su contra. Los riesgos de que los exguerrilleros se devuelvan al monte y de que tenga que renegociar con la confianza y la credibilidad resquebrajadas, son enormes.

Adicionalmente, con este antecedente otros grupos armados -como por ejemplo en un futuro cercano el ELN- difícilmente podría contemplar la opción del diálogo.

El Estado queda mal parado ante la comunidad internacional

La comunidad internacional ha respaldado y celebrado casi de manera unánime el Acuerdo Final. En tan solo la puesta en marcha y fase inicial de funcionamiento de la JEP, Canadá, Alemania, Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega e Irlanda han aportado alrededor de 4.7 millones de dólares.

Acabar con la JEP puede representar para el nuevo gobierno pegarse un tiro en el pie, pues lo obliga a responder por los recursos de afuera que se invirtieron en su creación.

Además, envía un mensaje de inestabilidad e incertidumbre ante naciones que han estado comprometidas con la justicia y la construcción de paz en Colombia, y con quienes se tienen relaciones estrechas de cooperación.

El tiempo perdido

Para crear la JEP fue necesario hacer primero una reforma constitucional para el Sistema Integral del que hace parte, y luego una Ley Estatutaria. En las condiciones y términos abreviados y ultrarrápidos del Fast Track, esta reforma tardó 11 meses entre la presentación del proyecto ante el Congreso y la aprobación de la Corte. La Ley Estatutaria lleva 8 meses y está desde el 15 de diciembre en examen de constitucionalidad.

Esto nos dejaría hasta el momento con por lo menos 15 meses de trabajo del Congreso y de la Corte Constitucional que se habrían perdido.

Al trabajo y los costos que tiene crear y poner en marcha un tribunal de justicia hay que sumarle los que tendría acabar o transformar uno ya existente. Hagan las cuentas.

En un trámite ordinario, una reforma constitucional (por la vía que sea) no dura menos de año, a lo que habría que sumarle el tiempo que se demoraría el nuevo Gobierno diseñándola la reforma, y las leyes necesarias para desarrollarla.

Son, en total, por lo menos dos años en los cuales esas mismas instituciones han dejado de tratar temas igualmente relevantes como la salud, la educación, el empleo, entre otros.

Estos son algunos de los costos que deberían tenerse en cuenta cuando se plantea reformar sustancialmente la JEP. Por esto el debate considerar unos mínimos (Ver recomendaciones IFIT) y no se puede quedar en si impunidad o justicia.

Entre otras cosas, los candidatos a la presidencia deberían responder: ¿cuáles serían las reformas que proponen? ¿cómo evitaría que la justicia ordinaria colapse con una tarea de estas dimensiones? ¿cómo garantizaría los derechos de las víctimas a la justicia, pero también a la verdad y a la reparación? ¿qué pasa con los que ya se han puesto a disposición de la JEP?

Vía La Silla Llena

Justicia Transicional: los retos que se avecinan

Justicia Transicional: los retos que se avecinan

Por Camilo Tamayo Gómez*, vía Razón Pública

Expectativas e interrogantes

El jueves de esta semana comenzó a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es la columna vertebral del Acuerdo entre el Estado y las FARC y de la cual dependerá principalmente el éxito o el fracaso del postconflicto.

Por eso este año es crucial para Colombia en materia de justicia para los victimarios, reparación para las víctimas, integración a la sociedad civil para los excombatientes y construcción de memoria histórica para todos los colombianos.

El proceso comenzó con la elección de 31 de los 38 magistrados que hacen parte de la JEP, el nombramiento del director de la Unidad de Investigación y Acusación, y la posesión de los 11 integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

La  principal  responsabilidad de estas instituciones será reconstruir la historia de las últimas cinco décadas para garantizar la reparación simbólica de las víctimas y la certeza de que estos aterradores episodios no volverán a suceder jamás.

¿Cuáles son los retos de estos organismos?, ¿qué lecciones del pasado deberán tener en cuenta?, ¿qué aliados necesitarán para lograr su cometido?

Dos lecciones del pasado

En el año 2017 el Proyecto Antonio Nariño (PAN)  publicó el documento “Los retos para el acceso a la información en la implementación del acuerdo final entre el gobierno y las FARC”, donde llamaba la atención sobre la falta de transparencia del proceso de Justicia y Paz – cuyo objetivo fue reincorporar a la vida civil a los excombatientes de organizaciones al margen de la ley, particularmente de grupos paramilitares -.

Este proceso presentó numerosos obstáculos que dificultaron el esclarecimiento de los hechos, la reconstrucción de la memoria histórica, la reparación de las víctimas y la integración exitosa de los excombatientes a la sociedad civil.

A menos dos de estos obstáculos necesitan ahora volver a recordarse:

  • El desconocimiento del paradero y las condiciones materiales de los registros que contienen la información completa sobre los delitos cometidos por los ex combatientes.

Según el PAN, hasta el 26 de diciembre de 2016 habían rendido versión libre 7.531 implicados y se habían emitido 49 sentencias. De acuerdo con la Fiscalía General, existen 76.981 registros técnicos de las versiones libres; sin embargo, hasta el día de hoy, no se conoce su ubicación de manera precisa ni se conoce el estado en que se encuentran.

  • La imposibilidad de que todos los colombianos podamos acceder a esta información, pues de acuerdo con la Ley 975 de 2005 (o sea la ley de “Justicia y Paz), sólo las personas involucradas en los hechos pueden consultar los archivos de vídeo de las audiencias, los documentos elaborados y los datos recolectados.

Estas fallas en el proceso de Justicia y Paz son muy claros llamados de atención para la JEP y la Comisión de la Verdad. Evidentemente la recolección y conservación de información referente a lo sucedido en los últimos 50 años de la historia colombiana, así como su difusión a toda la población son fundamentales para que tenga éxito el proceso de transición que actualmente experimenta la sociedad colombiana.

La JEP y la Comisión de la Verdad deben evitar a toda costa la repetición de los errores cometidos bajo la ley de Justicia y Paz. Para ello tendrán que desarrollar mecanismos efectivos para recolectar y archivar tanta información como sea posible – pues solo a partir de aquí cabe pensar en la justicia y en una verdad que sea verdadera e incorpore las verdades de los que las vivieron.

Así mismo la JEP y la Comisión deberán garantizar que la totalidad de la sociedad colombiana acceda a esa información y participe activamente del proceso de reconstrucción del tejido social.

Algunos retos del proceso actual

Tanto el panorama como los precedentes descritos anteriormente, permiten identificar los principales retos que enfrentarán la JEP y la Comisión de la Verdad en el momento de esclarecer lo sucedido durante las últimas cinco décadas. Éstos son:

  • Recolectar información de forma rigurosa y responsable con el objetivo de construir una verdad histórica amplia e informada que dé cuenta de la complejidad y los múltiples matices  del conflicto armado.
  • Evitar que los partidos políticos distorsionen esa verdad para ganar seguidores y aumentar la polarización en la población civil.
  • Garantizar que la información recolectada por la Comisión de la Verdad y la JEP sea accesible para todos los colombianos.
  • Dar a conocer oportunamente la información, con la ayuda de los distintos medios de comunicación nacionales.
  • Prestar atención a la forma como esos medios van a presentar las narrativas de las víctimas que fueron recopiladas por la Comisión de la Verdad. Es fundamental constatar que les den espacio a las víctimas, presentando sus narraciones con dignidad y respeto.

Los últimos tres numerales merecen especial atención porque muestran que los medios de comunicación jugarán un papel central tanto en la construcción de conocimiento y memoria colectivos como en su divulgación al pueblo colombiano. Indudablemente su labor será vital para recuperar el tejido social y promover una cultura de paz que les devuelva a los damnificados su derecho a vivir una vida digna.

Por lo tanto, la JEP y la Comisión de la Verdad deberán establecer vínculos estrechos con los medios de comunicación y permanecer atentos a la forma como estos transmitan la información referente al conflicto armado. Importa sobre todo asegurar que se le dé visibilidad al testimonio de las víctimas, que se presenten con exactitud  pero con justicia las perspectivas de los actores del conflicto, que se restituya simbólicamente a las víctimas y que produzca en los ciudadanos el deseo de participar de la construcción de una sociedad pacífica.

¿Posconflicto?

Por otra parte, la reconciliación entre los actores del conflicto armado es uno de los aspectos de los Acuerdos de Paz en el que menos se ha progresado hasta el momento.

La JEP y la Comisión de la Verdad tendrán que propiciar esfuerzos y consensos entre las distintas partes del conflicto. En la misma línea, estos organismos deberán definir si en el contexto colombiano es posible hablar de post-conflicto y, si lo es, bajo qué términos y en con qué particularidades.

Así mismo, es indispensable que la JEP y la Comisión de la Verdad garanticen que se lleven a cabo los procesos de justicia transicional para dar espacio a las narrativas del conflicto que han permanecido ocultas hasta hoy.

Nada de lo anterior será tarea fácil debido –además- a que el conflicto armado sigue operando en algunas regiones del país.

Hoy, más que nunca, es primordial contar con el respaldo de todos los colombianos y de las instituciones gubernamentales para lograr que la implementación de los Acuerdos de Paz conduzca de verdad a la construcción de una sociedad más justa y pacífica.

 


*Doctor en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Huddersfield (Reino Unido), coordinador de la Especialización en Comunicación Política de la Universidad EAFIT.  

La JEP: en el centro de la dignificación de la justicia

Esta semana el Comité de Escogencia publicó los nombres de quienes harán parte de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tanto en las diferentes Salas como en el Tribunal para la Paz. En estos tiempos en que, quizá, como en ningún otro en la historia del país, la justicia está tan herida y tan deslegitimada, resulta crucial que esta nueva Jurisdicción traiga consigo la esperanza de un cambio que nos haga volver a creer en una justicia genuina.

La JEP tendrá la titánica tarea de investigar, juzgar y si es el de caso, sancionar las violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron con ocasión del conflicto armado en Colombia. No será una labor fácil, por el contrario son muchos los retos y los desafíos que debe enfrentar esta nueva jurisdicción para hacer realidad el fin último para el que fue concebida: lograr la transición del conflicto a la paz.

Precisamente uno de los mayores retos será hacer de este modelo de justicia transicional un buen ejemplo no solo para Colombia sino para el mundo. Colombia tuvo la fortuna de contar con varias experiencias internacionales para aprender de sus aciertos y no repetir los fracasos. De esta manera, intentó crear un ambicioso Sistema Integral que tomando lo mejor de aquellas experiencias, respondiera a las demandas de las víctimas en cuanto a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ahora su mayor compromiso con la justicia global será constituirse en un ejemplo exitoso de justicia transicional.

Para ello, será fundamental lograr una armonización entre las normas jurídicas que regulan la Jurisdicción Especial para la paz con las disposiciones constitucionales existentes y con aquellas del orden internacional que resulten aplicables.  La primera institución que está llamada a realizar esta tarea es la Corte Constitucional, al revisar las normas de implementación del Acuerdo Final. No obstante, será la propia Jurisdicción Especial para la Paz la encargada de hacerlo a través del reglamento que debe redactar sobre su funcionamiento y en la resolución de los casos de su competencia.

Una de las figuras que  hoy por hoy sigue estando en el ojo del huracán es la denominada Responsabilidad de mando o para ser más precisos la Responsabilidad del Superior. Con la reciente visita de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia -Fatou Bensouda- regresó del debate aún no clausurado acerca de la regulación de este tema. Y no es para menos, pues existen serias discrepancias entre la forma como se ha definido esta clase de responsabilidad en el Derecho Internacional y como se estableció en el Acuerdo de Paz junto con las normas de su implementación.

Bajo la figura de la Responsabilidad del Superior, los mandos militares y los civiles que ejerzan algún tipo autoridad,  responden por las conductas ilícitas de sus subordinados y no cometidos directamente por ellos, pero que tenían el deber de prevenirlos, reprimirlos o sancionarlos.

A pesar de existir una regulación en el Derecho Internacional sobre esta clase de responsabilidad, en el Acuerdo y en las normas de implementación se quiso redactar “a la colombiana” los supuestos bajo los cuales, tanto los mandos de las Fuerzas Militares como de las FARC, responderían por los crímenes cometidos por sus subordinados, flexibilizando en algunos casos los requisitos previstos a nivel internacional, obviándolos en otros, o creando condiciones que hacen prácticamente inoperante la figura.

Por tal razón, la Fiscal de la CPI ha manifestado en varias ocasiones su preocupación sobre estas discrepancias. En su reciente visita al país, sostuvo que sus preocupaciones seguían vigentes y al indagar acerca de las investigaciones que se están adelantado -al menos en teoría- en contra de altos mandos militares que pudieron tener responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales o también denominados “falsos positivos”, manifestó no haber recibido información precisa que habían solicitado a la Fiscalía General de la Nación.

De esta manera, si a nivel interno no se logra una genuina investigación y juzgamiento de los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos, nada evitaría que la CPI pudiera hacerlo a futuro. Tengo la convicción de que el modelo de justicia transicional que se ha creado puede evitar que se llegue a esas instancias, siempre y cuando se armonice nuestras regulaciones internas con las disposiciones del derecho internacional, particularmente, del Derecho Penal Internacional en lo que tiene que ver con la responsabilidad el superior y, en la práctica, se logren garantizar los derechos de las víctimas.

Para alcanzar semejante objetivo, se requieren juristas con altas calidades humanas y profesionales que comprendan la enorme tarea que nos demanda la historia. Por ello, este es un momento clave para empezar a construir sobre las ruinas del pasado, un futuro donde la justicia enfrente con determinación al mal, se acerque con humildad a las víctimas para escuchar su dolor y sancione ejemplarmente todo aquello que jamás debió ocurrir.