Las cinco cosas que revela la pelea por el cobro del impuesto predial en Ibagué

Luego de tres semanas de puja por la valorización y la actualización del catastro urbano de Ibagué, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo finalmente cedió. Lo obligó el multitudinario ‘cacerolazo’ que promovió el “Colectivo de periodistas y ciudadanos del No al predialazo en Ibagué”, liderados por los locutores Mauricio Vargas, de la emisora Ondas de Ibagué; Rubén Darío Correa, de La Cariñosa; y el abogado Wilson Leal Echeverry.

El proceso, que ha sido interpretado por distintos analistas como “el primer round por la alcaldía de Ibagué”, reveló varias cosas, que acá les contamos:

 

1. La voz del pueblo sigue siendo la voz de Dios

Se calcula que por lo menos cinco mil personas salieron a protestar el pasado jueves en contra del cobro del impuesto predial, por cuenta de la actualización del catastro urbano que realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac.

Aunque el alcalde en principio fue renuente a la idea de revertir el cobro que inició la Secretaría de Hacienda, en cabeza de Juan Vicente Espinosa (cuota de Cambio Radical en el gobierno municipal), luego del ‘cacerolazo’, Jaramillo no tuvo otro remedio que recular.

Decidió suspender el convenio con el Igac, desplegar un equipo para supervisar la ejecución de la actualización catastral y solicitarle al concejo que el incremento del predial no sobrepase el 25 por ciento para los estratos 1, 2, 3 y 4.

Por ahora la puja sigue, y, como dice el dicho: “perder una batalla no es perder la guerra”, Jaramillo, un hombre de mil batallas, seguramente no se quedará con la espinita que le sembraron quienes, tras dos años de gobierno, ya se graduaron como sus contradictores no mediáticos sino políticos. 

Está por verse también si los errores en torno a este asunto menguan la popularidad del alcalde, que por ahora sigue bien posicionada.

 

2. No solo intereses altruistas

Aunque el “Colectivo de periodistas y ciudadanos del No al predialazo en Ibagué” que como ya dijimos, lideran los periodistas Mauricio Vargas y Rubén Darío Correa, y el abogado Wilson Leal Echeverry, se ha presentado como una iniciativa desinteresada, desprovista de intereses políticos y electorales, motivada exclusivamente por el interés general, lo cierto es que varios opositores políticos del alcalde estuvieron colaborando activamente en la convocatoria y en la recolección de documentos y testimonios que la mesa de trabajo presentó como primicia.

Es el caso de Agustín Angarita, ex candidato a la alcaldía de Ibagué y ex asesor de Luis H. Rodríguez, procesado por el desfalco de los Juegos Nacionales; Gustavo Ramos Arjona, militante de Centro Democrático, ex congresista, muy cercano a Ricardo Ferro; y de Alexander Castro, ex asesor del gobernador Oscar Barreto y coordinador de la campaña de Germán Vargas Lleras en Tolima; entre otros, como los concejales conservadores (opositores de Jaramillo) Jorge Bolívar y Carlos Andrés Portela. 

Otros, encampañados, también se subieron al bus contra el predial, como Adriana Magaly Matiz y Miguel Barreto. De hecho, la politización de la actualización catastral de Ibagué trascendió las fronteras del Tolima, y el mismo Ex presidente y Senador, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció en contra.

 

Ibagué protesta contra el exceso de avalúo catastral que abusa, frena inversión y empleo y empobrece más a los pobres

Δημοσιεύτηκε από Álvaro Uribe Vélez στις Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

 

Detrás de todo esto, según conoció lapipa.co por varias fuentes, estaría el empresario y terrateniente Henry Escobar, el opositor más poderoso que tiene Jaramillo en el Tolima.

Escobar es quien habría sentado a los periodistas, enemistados hace varios años, y habría posibilitado la unión de distintos sectores en contra del proceso. 

 

3. El proceso sí tuvo errores, pero Jaramillo también tiene razón

La clientelización del Igac por cuenta del partido liberal, al parecer, en cabeza del Representante Ángel María Gaitán; el presunto maltrato a los contratistas, las dudas que se han sembrado sobre el procedimiento y el hecho de que se haya avanzado con el cobro apenas con la mitad de los predios actualizados, hirieron profundamente la legitimidad del proceso.

Esto también obligó al alcalde a ordenar la supervisión técnica de la actualización, a fin de blindarla ante las autoridades y la ciudadanía.

Sin embargo, Jaramillo también tiene razón respecto de que ha habido pactos entre grandes propietarios y políticos para que la actualización no se haga, o que en el mejor de los casos (para ellos, no para la ciudad), tengan que pagar cifras exiguas que no corresponden con el valor real de la propiedad que tienen sobre el suelo urbano y rural.

El profesor de la Universidad del Tolima, Alexander Martínez Rivillas, mostró esa realidad a través de cifras y registros en una entrada en lapipa.co: 

 

https://lapipa.co/defensa-del-latifundio-objetivo-de-clase-politica-que-se-opone-al-cobro-del-predial-en-ibague/

 

Por otro lado, el secretario de Planeación municipal, Héctor Cervera, evidenció que el exclusivo condominio Las Victorias, aparece en el Plan de Ordenamiento Territorial como zona rural, cuando tiene todas las condiciones de una zona urbana. 

Esto, que no se hace a espaldas del gobierno municipal, le da a los propietarios de estas lujosas casas muchas ventajas frente a los demás ciudadanos que sí tienen que pagar impuestos de acuerdo a lo que tienen.

Algunas de estas propiedades, cuyo valor comercial supera los $2.000 millones, aparecen avaluadas en catastro por $150 millones, según dio a conocer el portal A la luz pública, provocándole un daño enorme a la ciudad.

 

4. Para la política, Jaramillo está solo

La gente que conoce la administración municipal por dentro, cuenta que, una vez posicionado en el cargo, el alcalde le impuso al gabinete las responsabilidades administrativas y técnicas y dejó para él solo las políticas. 

La coalición en el concejo, por ejemplo, es una prerrogativa del mandatario. También lo es la relación con los líderes en los barrios, y nadie más que él, con excepción de los temas de rutina, habla con los medios de comunicación en nombre de la administración. Y más si se trata de enfrentar las críticas. 

De las relaciones con las cabezas visibles de los partidos políticos o del movimiento social, como en el caso de los ambientalistas, ni se diga.

Ese proceder, característico de gobiernos de coalición como el de Jaramillo, que lo que busca es no dejar crecer a nadie que se abrogue la sucesión (que es lo que está pasando al interior del gobierno departamental, por el vuelo que Barreto le ha dejado coger a algunos funcionarios) le ha afectado especialmente en esta coyuntura. 

De acuerdo con un ex concejal que prefirió no revelar su nombre, “mientras los del Colectivo estaban por los barrios recogiendo recibos de predial y hablando con líderes con el apoyo de los sectores políticos opositores, el equipo de Jaramillo estaba en la alcaldía, de manos amarradas“.

“Este no era un tema técnico, es un tema político, y el alcalde no podía dar abasto para responder en los medios, botar línea y aparte reunirse con la gente. Es que mire, hay políticos que perdieron hasta 600 contratos con la llegada de Jaramillo a la alcaldía, ¿Usted cree que no iban a aprovechar para debilitarlo? Y el alcalde sabe eso y no pudo hacer nada, ¿Por qué? Porque no tenía quién lo respaldara y se lo comieron vivito”.

 

5. El triunfo de la democracia puede ser la derrota de las instituciones

Aunque para los demócratas es un excelente síntoma el que la ciudadanía se movilice y logre sobreponerse a sus mandatarios, el sentido político o el mensaje que quede posterior a la movilización puede constituir un efecto negativo no solo sobre el gobierno de turno sino sobre la institucionalidad o la propia convivencia.

Este es el caso del cobro del impuesto, o al contrario, del pago.

Por ejemplo, desde algunos sectores se promovió no el no pago de la actualización sino del impuesto como tal. El riesgo es que con la fuerza que tomó el movimiento, se pierda la oportunidad de crear una cultura del pago de impuestos y el “chico” lo gane el no pago y la evasión (una práctica que, como se dijo, acostumbran sobre todo los estratos más altos).

El mayor afectado del proceso, más que el alcalde o sus secretarios de Hacienda y Planeación, fue el Igac, debido a su clientelización, precisamente el instituto técnico facultado para llevar a cabo la actualización y avalúo del catastro municipal.

Augusto Ocampo, ¿Zar anticorrupción o alfil político?

Augusto Ocampo, ¿Zar anticorrupción o alfil político?

El término “Zar” tiene sus orígenes en Rusia, aproximadamente en 1547, cuando Ivan IV, más conocido en la Historia Universal como Iván “El Terrible”, adoptara ese vocablo para significar su título nobiliario como Rey. Pronto, “Zar”, del ruso <tsar> y con origen en el latín caesar (por Julio César), se empezó a reconocer como el título que se otorgaba al emperador de Rusia y al soberano de Bulgaria y de Serbia.

En la actualidad, el prefijo zar es acuñado para denominar o hacer mención de manera metafórica a aquellas personas que ostentan un gran poder de control o conocimiento en un determinado aspecto.

Es tristemente célebre uno de los grandes financiadores del paramilitarismo en Colombia, Víctor Carranza, reconocido como el “zar” de las esmeraldas.

 

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, junto con Augusto Ocampo, contratado como “zar anticorrupción” de la alcaldía, y Nicolás Petro. La foto fue tomada del perfil de facebook de Ocampo, subida el 25 de octubre de 2015.

 

Por estos días, la expresión empezó a sonar en Ibagué por obra del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien anunció con bombos y platillos la adopción de la figura del “zar anticorrupción” al interior de su gobierno, un nombre rimbombante para un cargo que no existe dentro de la estructura orgánica de la administración pública colombiana y al que, por carecer de capacidades sancionatorias, en ningún caso le auguran mayores resultados.

Como se sabe, al interior de las entidades públicas la ley ha instituido las denominadas unidades, direcciones u oficinas de “Control Interno” como instancia de diseño, monitoreo y evaluación del Sistema de Control Interno, el cual tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado colombiano.

En ese sentido, como han señalado algunos analistas locales, la figura del “zar anticorrupción” termina siendo un cargo burocrático adicional, una metáfora, aunque al parecer, en el caso de Ibagué, su función no será exactamente la de “pescar” corruptos sino votos.  

 

De la metáfora administrativa a la realidad política

Es conocida la lucha frontal que en el discurso, la administración Jaramillo ha emprendido contra la corrupción. A esa bandera le debe su elección en octubre de 2015, y por eso no extraña el anuncio de la llegada del abogado Augusto Ocampo, un especialista en investigación criminal, para que sea su “zar”.

Sin embargo, esa no es la única especialidad del reconocido abogado y, posiblemente, tampoco la verdadera razón por la cual aterrizó en la alcaldía de Ibagué.

 

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“Ocampo es un riñón de Petro”, así nos lo describió una fuente que lo conoce, a quien le preguntamos por su trabajo y el origen de su relación con Jaramillo.

Ocampo es conocido como el hombre de las “tutelatones”, promovidas en múltiples oportunidades por el ‘petrismo’ en Bogotá, como aquella con la que a través de una cifra cercana a las 1.400 tutelas, se abarrotó a los juzgados de la capital y con algunos fallos a favor, se dilató la destitución de Gustavo Petro en 2014.

Ocampo recientemente abanderó la defensa de los vendedores ambulantes en Bogotá, demandó a Enrique Peñalosa por sus títulos de estudios de posgrado falsos y se le ha visto muy activo en el proceso de revocatoria de la alcaldía. 

Todo ello, de la mano con el concejal y ex gerente del Canal Capital, Hollman Morris.

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154014137521391&set=a.10151195906516391.497872.692976390&type=3

 

Ocampo respalda incondicionalmente las peleas de Morris en la oposición al gobierno de Enrique Peñalosa.

 

En fin, Ocampo más que un “zar”, es un alfil, político, del ‘petrismo’.

Durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, en donde se desempeñó como Director Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, el abogado Augusto Ocampo fue destituido e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por la Personería Distrital por en período de 10 meses, como resultado de la comisión de “afirmaciones irrespetuosas” en la red social Twitter.

Ocampo no solo salió en defensa de la administración Petro, sino que casó una pelea durísima con la prensa (vanguardia de la oposición a la “Bogotá Humana”) y con la veedora distrital, Adriana Córdoba, pareja del ex alcalde Antanas Mockus.

Pareciera entonces que Ocampo llega a la administración municipal a ser mucho más que el “zar anticorrupción” y por el contrario, su aterrizaje en Ibagué, único bastión del ‘petrismo’ en el país, tiene muchos más matices que el simple cumplimiento de una promesa de campaña.

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Guillermo Alfonso, el zar de la política

Ocampo llega en plena época preelectoral a oxigenar desde Ibagué la campaña de la “Colombia Humana” que encabeza Gustavo Petro, pues tal como abiertamente lo reconoce el alcalde de los ibaguereños, él, más que progresista, es un hombre Petrista y por consiguiente, se espera todo su respaldo a esta campaña y qué mejor que a través de un hombre de la entera confianza del candidato.

Sin embargo, la jugada de Jaramillo es a tos bandas: no solo le demuestra fidelidad al ‘petrismo’, sino que hará de Ibagué un botín electoral gracias al cual, ante una eventual segunda vuelta con presencia de un Fajardo o un De la Calle, por ejemplo, pueda “negociar” su participación en el ejecutivo una vez finalice el mandato.

En otras palabras, parece ser que con esta movida Guillermo Alfonso Jaramillo está pensando mucho más en las elecciones presidenciales que en las regionales, pues, si Petro logra una importante votación en Ibagué en primera vuelta, automáticamente en segunda se vuelve un botín a conquistar.

(De hecho, hay quienes piensan que la “lista de la decencia” que impulsa a Cámara no es para ganar la curul sino para organizarle equipo a Petro).

Una lectura adicional permite también entrever que dada la coyuntura electoral y teniendo en cuenta las actuaciones que desde la Fiscalía se vienen adelantando en contra de mandatarios locales y regionales que no se alinearon con Vargas Lleras (como las efectuadas en contra del Alcalde de Santa Marta, y de los Gobernadores de Nariño y Putumayo), Jaramillo puede presentir que los actuales procesos que hacen curso en esta entidad pueden terminar en decisiones que pongan en riesgo su permanencia en la alcaldía y por ello prefiera anticiparse y preparar su defensa, tanto desde los estrados judiciales como desde la agitación social y la promoción de acciones masivas, estrategia bien conocida por Ocampo.

Puede ver: Barreto, ¿Cero y van dos? y Bocanegra Vargas Barreto

Así las cosas, la llegada de Augusto Ocampo bajo la figura de “zar Anticorrupción”, es una jugada a tres bandas del alcalde que le sirve para cumplir una promesa de campaña, brindar una mano a su amigo y aliado político Gustavo Petro, fortalecerlo como referente electoral de cara a las presidenciales y de paso, reforzar su equipo de defensa jurídica ante eventuales actuaciones por parte de la Fiscalía, jugada maestra que sin duda lo ratifica como el zar de la política en el Tolima.

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Dos hipótesis acerca de la reculada de Jaime Eduardo Reyes

Dos hipótesis acerca de la reculada de Jaime Eduardo Reyes

Esta semana se conoció la noticia de la “inminente renuncia” del ex candidato a la Gobernación del Tolima, Jaime Eduardo Reyes, a su aspiración a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador.

Mucho se ha especulado sobre el asunto, no obstante, la versión “oficial” es que la decisión fue producto de una “reflexión” que hizo junto con su equipo de trabajo, quienes luego de varios meses de recorrer los municipios del Tolima, y en especial, de las reuniones y encuentros sostenidos en la ciudad de ibagué, encontraron un ambiente mucho más favorable para pensar en una aspiración a la Alcaldía de la capital.

Según le ha dicho el mismo Jaime Eduardo a los medios locales, “hay amigos, sobre todo aquí en Ibagué donde tengo políticamente un gran respaldo, que me han planteado la necesidad de un liderazgo en la capital tolimense y avanzar en ciertas tareas”,  lo cual lo habría llevado a declinar a su aspiración al Congreso de la República.

Sin embargo, detrás de la “reculada” existe un conjunto de factores que no se han revelado a la opinión pública y que habrían sido, incluso, mucho más determinantes que lo que ha trascendido en los medios de comunicación.

Conocimos dos:

Lo dejaron sin líderes fuertes

Dentro de esos otros factores no conocidos, se destaca la avanzada política de la candidata del ‘barretismo’ a la Cámara, Adriana Magaly Matiz, quien llegó a la lista conservadora de carambola luego de su periplo por el partido liberal y el centro democrático.

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Según nuestras fuentes, alrededor de cuatro líderes fuertes que integraban el equipo de trabajo departamental de Jaime Eduardo fueron cooptados por Adriana Magaly, y ahora estarían engrosando la nómina de la gobernación.

Fue este “pequeño abrebocas” de lo que sería la contienda al interior del conservatismo, lo que resultó decisivo para el replanteamiento de la candidatura de Jaime Eduardo, quien hasta unas semanas atrás se rehusaba a considerar que la suya sería una candidatura que solo aportaría votos para que la lista conservadora superara el umbral y pudiera conservar sus dos curules en Cámara.

Así las cosas, lo que sabemos es que antes de que fuera completamente devorado por la maquinaria ‘barretista’, Jaime Eduardo prefirió dar un paso al costado y “reencauzar su cauce electoral”.

Una llamada de Jaramillo

Adicional a lo anterior, se tuvo conocimiento de una conversación que Jaime Eduardo habría sostenido con Guillermo Alfonso Jaramillo, el más importante rival político del gobernador Oscar Barreto Quiroga en el Tolima.

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Lo que conocimos es que el mismo Jaramillo fue quien le insistió que se retirara de su aspiración y postulara su nombre a la Alcaldía de Ibagué.

Aunque varias personas descartan de plano esta información, otras en cambio reconocen que Jaime Eduardo tiene participación burocrática en la alcaldía – a través de Claudia Cerón, ex secretaria de Desarrollo Social y Comunitario y actual funcionaria de la Secretaría de Salud – y que no puede descartarse que Jaramillo pueda ver en él un candidato viable para el 2019.

Y las últimas noticias pueden haberle dado elementos de juicio para que se subiera a ese bus: la posible candidatura a la Cámara de Ricardo Ferro, las recientes declaraciones en contra de Jhon Esper Toledo, la crisis de los liberales – políticamente responsables, junto con otros movimientos políticos, del desfalco de juegos nacionales -, e incluso la falta de un candidato con el suficiente perfil dentro del grupo del alcalde.

Desde este punto de vista, la contienda por la alcaldía de Ibagué adquiere un nuevo panorama y Jaime Eduardo, un hombre bisagra entre las nuevas ciudadanías y las viejas clientelas, puede terminar bien cotizado.

Si bien aun no hay una decisión tomada, la candidatura de Jaime Eduardo a la Cámara sí entró en el congelador y por ahora, las próximas semanas serán de “profunda reflexión” para el dirigente tolimense.

Dado que el ‘barretismo’ ya tiene candidato a la alcaldía en el nombre de Andrés Fabian Hurtado, no sería  extraño que el próximo titular de prensa sea para indicar que Jaime Eduardo renunció al partido conservador para regresar a una “candidatura alternativa”.

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Los Jaramillo unirán fuerzas para la Cámara

Cada día se ve más clara la llegada de Gonzalo Parra a la lista de Cámara por el Partido Liberal, lo cual le permitirá a Guillermo Alfonso poner su cuota para reforzar a Ángel María Gaitán, pupilo de su hermano Mauricio.

El objetivo aparente será poner dos representantes, pero la realidad es que sin este refuerzo la curul del liberalismo corre el riesgo de perderse.

Lapipa.co hace varios meses pronosticó la jugada de Gonzalo Parra y Guillermo Alfonso Jaramillo de cañar hasta el último momento a los partidos de izquierda para terminar arrastrándolos a las toldas del liberalismo, esta vez con la excusa perfecta: los tropiezos de la reforma política en el Congreso.

El tiempo parece darnos la razón.

Puede ver: ‘Gonzalito’, ¿El candidato alternativo?

En entrevista con Econoticias, Gonzalo Parra enterró la posibilidad que le daba la reforma política de crear listas ‘salpicón’, e insinuó su llegada al liberalismo.

Ya no hay tiempo para que la reforma política pase, o sea que las listas con avales pluripartidistas no van, lo que hay que hacer entonces son unas coaliciones (…) de tal manera que van a haber unos acuerdos y uno de los partidos que nos ha abierto las puertas son el Partido Liberal, el Partido Verde, el MAIS y la ASI. En los próximos días vamos a dar conocer esa decisión”.

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A renglón seguido, Parra agregó que los “partidos alternativos” en el Tolima no tienen la capacidad de llegar al umbral.

Alianza Verde, el Polo Democrático, los amigos de Petro, los amigos de Fajardo, el MAIS y la ASI, unidos no alcanzamos, entonces nos toca buscar un aliado, tenemos que hacer una coalición con una organización que tenga el resto que nos falta y esa puede ser el Partido Liberal, yo no veo otra”.

Finalmente y para no dejar duda de sus intenciones, el alfil de Guillermo Alfonso concluyó señalando sus coincidencias ideológicas con el partido, del que fue militante:

Yo vengo del Partido Liberal y creo que existen más coincidencias que disidencias, me identifico totalmente con los principios y valores del partido liberal y soy un defensor de la libertad. No me encontraría incómodo, al contrario, pero quiero dar la noticia cuando todo esté definido. A estas alturas de mi vida no voy a hacer experimentos, la decisión la tomo cuando esté seguro de que podemos llegar al umbral y de que podemos ser representantes por el departamento del Tolima”.

Así las cosas, se avizora una lista liberal fuerte, y no la enclenque lista de hace pocas semanas con el solitario Angel María Gaitán haciendo cuentas para el alcanzar el umbral. Por otra parte, los partidos alternativos tienen poco tiempo para pellizcarse y armar una lista medianamente viable o terminarán batiendo el trapo rojo con todo el corazón.

‘Agrópolis’, una pela que Jaramillo se tiene que dar

‘Agrópolis’, una pela que Jaramillo se tiene que dar

No es de poca monta lo que se requiere, técnicamente hablando, para lograr el uso racional del agua que drena la meseta de Ibagué. Por eso es desconcertante el matoneo mediático a que han sido sometidos los elementos que dan soporte científico a la propuesta de un modelo agropolitano para el desarrollo urbano-regional de la ciudad. 

En contra de las opiniones que han circulado en algunos medios, sostengo en este artículo que la propuesta del mandatario local, Guillermo Alfonso Jaramillo, consistente en la administración sostenible del inventario biofísico de la región a través de la manejo del agua, es pertinente y conveniente para el futuro de la ciudad.

El problema

En la meseta se irrigan en superficie por lo menos 7.525 litros por segundo. Sus ríos subterráneos ofertarían por lo menos otros 15.000, según se colige de varios estudios. Número alto dada la naturaleza sedimentaria de sus rocas, las cuales facilitan las filtraciones o lixiviaciones a los acuíferos subterráneos.

En ese sentido, la alta porosidad de las rocas, la dominante arenosidad de sus suelos y la alta evaporación de la zona, se convierten en factores negativos para el reúso del agua, ya sea en la forma de irrigación o bajo formas lagunares.

Por lo mismo, lo concesión de más de 4.500 litros por segundo de los canales Laserna y Aceituno (con bocatomas en el río Combeima) termina siendo aberrante. Sin mencionar el uso de las aguas residuales que se emplean para el riego de cultivos de arroz, especialmente, con riesgos ambientales que no hemos estudiado (canal Lambafer, por ejemplo).

Este aforo es, de hecho, el que consumía la ciudad hasta hace pocos años, y efectivamente, la tasa retributiva por el uso no ha significado un aporte importante.

De hecho, el arroz Paddy verde de la meseta puede llegar a consumir en promedio 1.200 metros cúbicos de agua por tonelada, cuando el umbral de sostenibilidad recomendado es de 1.000 por tonelada.

Por tanto, se requiere una economía de 200 metros cúbicos de agua por tonelada de arroz Paddy verde producida en la meseta para enfrentar este derroche del recurso. 

La presión demográfica

Además del problema ambiental de la meseta, debemos enfrentar otro: el incremento acelerado de la población urbana de Ibagué y sus conurbaciones hacia el Totumo, Cocora-Coello, el cañón del Combeima, San Bernardo, Picaleña, etcétera, con posibles conurbaciones regionales hacia Alvarado.

Esta demanda nos obliga a pensar en un millón de habitantes urbanos o metropolitanos para los próximos años. Por lo cual, el uso del agua debe ser absolutamente racional o sostenible en el largo plazo, o en el nivel intergeneracional.

En la Figura 1 se pueden apreciar de manera intuitiva los flujos migratorios de la banda oriental de la región de Ibagué, y de allí se infiere que estará sometida a una fuerte presión demográfica, la cual se deberá atender con políticas del agua serias, rigurosas y bien planificadas.

También se muestra la red de ciudades de Ibagué-región, pero corrigiendo el impacto negativo que tendría una propuesta de desarrollos urbanos e industriales en el corredor Bogotá-Girardot/Melgar-Ibagué, y de la hipertrofia misma de la ciudad de Ibagué.

También sugiere que Ibagué deberá compactarse de modo eficiente en sus núcleos urbanos, y deberá empezar a regular los usos del suelo rural disponible en una estrategia de protección de su Estructura Ecológica Principal (EEP), o de su malla ambiental mínima. En consecuencia, habrá que controlar de modo eficiente sus procesos de suburbanización y conurbación, y reorientar de modo eficiente el desarrollo urbano de sus corredores viales.

Por otro lado, habrá que desarrollar medidas de ordenamiento territorial departamental e interdepartamental que faciliten la pérdida de presión demográfica sobre Ibagué, la cual deberá reorientarse hacia Mariquita, Girardot y Espinal, principalmente.

De esta suerte, la producción agraria de la meseta y las terrazas bajas del valle del Magdalena deberán empezar a incrementar la captación de las corrientes subterráneas, optimizar el uso del agua para arroz, ampliar el mosaico de productos agrícolas que no demanden altos consumos de agua, y operar reconversiones tecnológicas con arreglos institucionales para subsidiar de manera diferenciada a los medianos y pequeños productores, e incentivar a los grandes productores.

Se debe implementar en el corto plazo un plan de levantamiento de las concesiones de agua de las fuentes de la región, respetando los caudales ecológicos, en unos casos, o maximizarlos para conservar otros servicios ecológicos.

En esa dirección, el tratamiento del agua residual de los emisarios finales de la meseta de Ibagué (los terratenientes por los que se ha generado el debate) es una obviedad, como también es una consecuencia técnica y jurídica elemental tener que negociar con ellos el uso del recurso tratado o pretratado.

La negociación debe involucrar elementos de compensación monetaria o en bienes ambientales, o su combinatoria, como es usual en nuestro débil marco normativo. Lo que es más, esta plusvalía ambiental debe ser retenida, y deberíamos apoyar estas políticas sin miramientos.

De hecho, la comunidad debe saber que las plusvalías derivadas de nuevas normas y obras urbanísticas nunca han sido retenidas con seriedad en la ciudad de Ibagué.

Por ejemplo, para 2006 el avalúo catastral de la hectárea en varios sectores de la meseta de Ibagué era de $30.ooo, por lo cual el impuesto predial nunca pudo absorber, con las tasas existentes, el incremento extraordinario de la renta del suelo (fenómeno generado desde los años cincuenta del siglo pasado).

Otra aberración politiquera que sí suelen callar la mayoría de los medios locales y regionales.

La ciudad-región sostenible en el largo plazo

El modelo agropolitano es una alternativa compleja e implica muchos arreglos políticos y económicos con distintos actores sociales. Existen otros modelos, como ciudades verdes y compactas, ciudades jardín, ciudades ambientalizadas, ciudades bioclimáticas, etcétera. La propuesta es rica en consecuencias y virtuosa en sí misma.

En mi grupo de investigación en Desarrollo Rural Sostenible de la Universidad del Tolima, se ha propuesto un Modelo de Ocupación Territorial (MOT) de enfoque agropolitano respetando la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Ibagué, el cual se representa en la Figura 2, con sus respectivas metas en el largo plazo.

Se muestra una apuesta de Modelo de Ocupación Territorial (MOT) que para 2075 busca disminuir gradualmente la tasa de expansión de la urbanización, desestimular la tasa de crecimiento demográfico, optimizar la tasa de renovación y consolidación urbana, y fomentar las tasas de crecimiento agrícola, agroindustrial, industrial, y de servicios educativos, ecoturísticos y tecnológicos principalmente, a niveles de crecimiento constante en virtud de un marco de sostenibilidad de la oferta ambiental del Municipio.

Asimismo, se busca incrementar de manera siempre positiva las tasas de protección del suelo, al mismo tiempo que aumentan las tasas de crecimiento económico. En la fase de inflexión de la expansión de la urbanización, los anteriores cambios en la política de desarrollo territorial deberán ser explicados fundamentalmente por la construcción de una cultura agropolitana afincada en la noción del terruño.

 

Recomendaciones de política de sostenibilidad ambiental para Ibagué

En virtud de lo anterior, puedo sugerir algunos lineamientos de política de sostenibilidad ambiental orientados a la implementación de un modelo agropolitano de Ibagué-región, lo que por supuesto no será suficiente y requerirá de enormes esfuerzos de otras políticas alternativas de desarrollo.

  • El modelo “desarrollista” implementado en Ibagué debe ser reestructurado en la perspectiva de la “sostenibilidad fuerte”, para obtener cambios significativos en los procesos de planificación territorial y ambiental de sus territorios rurales. La materialización de dicha “sostenibilidad fuerte” representa un reto casi “insurreccional” por vías civilistas, dadas las limitaciones de nuestra democracia; y cuestiona de forma radical tanto el homo oeconomicus, como las conductas consumistas, autoritarias y violentas de los actores sociales inmersos en la modernización tradicionalista; lo que en efecto implican cambios de habitus generalmente enmarcados en procesos de larga duración.
  • La “revolución verde” en las zonas mecanizadas y de montaña de Ibagué, con una larga historia de procesos de degradación ambiental, se caracterizan por altos consumos de inputs de materia y energía. En este contexto, los recambios relacionados con mejores prácticas agrícolas que optimicen el uso del agua y sostengan los umbrales de materia orgánica, representan ya un reto histórico que se debería asumirse desde ya en las agendas de gobierno de CORTOLIMA y el Municipio de Ibagué, con distintas alianzas multinivel con otros gobiernos e instituciones. Para este propósito, se hace indispensable fortalecer los procesos de investigación agroecológica orientados a mejorar los rendimientos energéticos de los agrosistemas, disminuir los costos de producción y asegurar cierta sostenibilidad ambiental de los suelos productivos. Dichos resultados de investigación deberán ser incorporados a las políticas de “desarrollo rural” e implementados de forma eficiente con la participación activa y decisoria de los actores económicos.
  • Se hace necesario el fortalecimiento institucional de los programas de vigilancia y monitoreo de las áreas con distintos niveles de protección ambiental y regulaciones de uso por diferentes riesgos, dadas las pobres condiciones de implementabilidad de la política territorial y ambiental del municipio, especialmente aquellas inherentes a las funciones de CORTOLIMA, la Secretaria de Planeación, y la Oficina de Prevención y Atención de Desastres.
  • Los programas de educación ambiental implementados por el sistema educativo municipal no han tenido los impactos deseados en las prácticas productivas cafeteras, arroceras y ganaderas (agenciadas por pequeños, medianos y grandes productores); por lo cual se requiere la intervención adicional y coordinada de las autoridades ambientales y los gremios económicos, con fuertes enfoques participativos e incentivos económicos en los distintos niveles de la planificación territorial de la zona rural.
  • Aprovechando el posible marco legal del “posconflicto”, se deben diseñar acciones de restitución y redistribución de tierras en zonas de vocación productiva agropecuaria y agroecológica, especialmente en el Abanico, y las partes medias y altas de las cuencas del Combeima, Toche y La China, a fin de impactar en la mejora de las condiciones de vida de la población campesina sin tierra, y en el marco de una política de “desarrollo” rural integral, constituida e implementada con la participación activa de los productores.
  • Los procesos de planificación del “desarrollo local” deberán ser sometidos a escenarios de participación ciudadana mediante figuras legales preexistentes, como “Presupuestos Participativos”, “Consejos Territoriales de Planeación”, entre otros.
  • Finalmente, es necesario fortalecer los estudios científicos sobre las condiciones biofísicas, socioeconómicas y socioculturales de los “territorios” que no fueron estudiados en esta investigación, a fin de obtener una “radiografía” a escala detallada de las condiciones objetivas de implementación de las políticas de “desarrollo” rural integral. Con estos estudios sería factible monitorear a nivel predial los impactos ambientales de los procesos productivos, para lo cual se podrían emplear indicadores y umbrales de “sostenibilidad fuerte”.

Asimismo, con estas valoraciones también sería posible, junto con otras propuestas, iniciar una mesa de discusión entre la Universidad del Tolima y la administración municipal, a fin de esbozar estrategias o mecanismos generales de implementación de los instrumentos de planificación territorial con enfoque agropolitano.

 


Notas

1. En cuanto a las recomendaciones a sugerir, se siguen las aportaciones conceptuales de Ángel Massiris Cabeza, Gestión Territorial y Desarrollo, UPTC, Tunja, Colombia, 2012, pp. 99-123. Se aprovecharon algunas propuestas técnicas de gran importancia y pertinencia, previa revisión de sus implicaciones, contenidas en algunos instrumentos de planificación territorial de Ibagué, las cuales no han sido aplicadas: POT (2000), POMCA (2006), POMCA (2007), POMCA (2008), FRM (2001), CSCC (2006), POF (2007), EVRM (2009) y AAI (2010). Y de otras localidades, con avances significativos en la ordenación ambiental, como los Determinantes Ambientales de Caquetá (CORPOAMAZONÍA, 2014). Las medidas sugeridas aquí no pueden suponer desplazamiento forzoso de población de las áreas de interés ambiental, y deberán estar mediadas por profundos procesos de participación y concertación con las comunidades campesinas.