Dignidad y seguridad jurídica: lo que la nueva coalición uribista se llevó

En la mesa de conversaciones de La Habana, la preocupación por la seguridad jurídica fue un asunto sobre todo de los militares. El de la dignidad, si se quiere en clave política (e histórica), era el de la guerrilla. No se quiere decir con esto que a los militares no les hubiera interesado un tratamiento digno para efectos de la terminación del conflicto armado, o que la guerrilla no hubiera querido garantizar seguridad jurídica para sus combatientes y comandancia. 

De facto, las acciones de la fuerza pública han gozado de una narrativa que atornilla legalidad, legitimidad y reconocimiento. No es gratuito que la propaganda oficial los ensalce todavía hoy, a pesar de todo, como los “héroes” (realmente existentes) de la Patria. Por el contrario, la guerrilla, como alter ego del héroe y enemiga del statu quo que este defiende, ha sido representada históricamente como ilegítima, criminal y terrorista.

Por fuera de la ley, la guerrilla, y en nombre de la ley, el ejército, es lógico que en la mesa los enemigos militares hubieran tratado de recuperar lo que perdieron por efecto de la guerra: el reconocimiento (y la dignidad) del alzamiento en armas, por un lado, y la garantía de que “los desafueros” cometidos con ocasión del conflicto armado no rebasaran la interpretación de la (justicia en la) defensa del orden, por el otro.

Fue eso es lo que la nueva coalición uribista hizo trizas en el Congreso la semana pasada:

  1. Al insistir en la retórica de “no equiparar a los héroes de la patria con los terroristas” y por eso mismo crear una sala exclusiva para juzgar a los militares distinta de las salas de reconocimiento y amnistía e indulto de la JEP, con lo que los expone ante la Corte Penal Internacional (como ya lo han señalado varios expertos).
  2. Por su preocupación obsesiva con la narrativa del final del conflicto, es decir, sobre quién escribe la historia de los hechos de la guerra, de lo cual depende el legado de Uribe y paradójicamente, su propia seguridad jurídica.

Contexto: Estos son los dos ‘articulitos’ que el uribismo le cambió a la JEP

Por el lado de la dignidad, lo que ha estado de fondo es una tensión entre el carácter ordinario o extraordinario de los dispositivos de justicia transicional, fundamentalmente de la JEP. 

El asunto, llanamente, es si tratar a las guerrillas como delincuentes, siguiendo un modelo de justicia ordinarizante; o si tratarlas en una perspectiva político-militar, de acuerdo a un modelo extraordinarizante.

El primer punto de vista pertenece a quienes siempre propugnaron por una victoria militar: su consideración era que la justicia transicional debía ser solo una expresión de la justicia ordinaria. Desde este punto de vista, la contraparte es asumida como criminal y terrorista, y debe ser sometida a la justicia.

Por el otro lado, quienes asumen la justicia transicional como justicia extraordinaria, han considerado que se debe reconocer el estatus político de la contraparte, y en correspondencia, reconocer la politicidad de la escena judicial. De esta manera, rompen con la visión ordinarizante y criminalizante de la justicia transicional. 

Eso es lo que no le gusta al Centro Democrático y a eso debe su pelea a muerte con el Tribunal de la JEP. (Contexto: Paloma Valencia se refiere a magistrados de la JEP como “jueces del terrorismo”)

Justicia y paz, lo que está en debate

Los modelos de judicialización producto de las negociaciones políticas tienden a inclinar la balanza hacia la paz. Por el contrario, aquellos producto de las victorias militares se inclinan más hacia la justicia (de vencedores).

El Acuerdo de Víctimas de La Habana, construido en el marco de una negociación política para la terminación del conflicto armado, no es ajeno a dicha “tendencia”. En esa dirección, el acuerdo suscribe tanto el derecho de las víctimas a que se haga justicia, como el derecho que tienen todos los colombianos a vivir en paz.

El famoso aparte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la masacre de El Mozote, en El Salvador, es esclarecedor en ese sentido:

“Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla”.

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que el Acuerdo logra un balance entre justicia y paz, debido, por lo menos, a cuatro aspectos: i) al modelo como tal (a la visión de sistema), ii) a la bidireccionalidad de sus mecanismos, iii) al reconocimiento de la politicidad de la escena judicial, y (iv) a la manera como se definirán las responsabilidades.

El primer aspecto tiene que ver con la visión holística propuesta por Naciones Unidas en el informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de 2012.

El segundo es coherente con el primero: la vocación de sistema apunta a que los distintos mecanismos que vehiculan los principios de la justicia transicional (la JEP, la Comisión de la Verdad, la unidad de personas dadas por desaparecidas y los programas de reparación, para el caso colombiano) sean implementados de manera coordinada e interconectada, lo cual no debe suponer ni un solapamiento de funciones ni algún tipo de superioridad de unos mecanismos sobre otros.

La consideración de estos dos aspectos comprende un concepto de justicia ampliado, en el que la perspectiva retributiva – el castigo – es alimentada por perspectivas de justicia restaurativa y distributiva (la verdad, la reparación y la no repetición, por ejemplo). 

El tercer aspecto se sigue del debate sobre la vocación ordinarizante o extraordinarizante de la JT anteriormente expuesto.

La visión “despolitizada” de la escena judicial provista por el uribismo y por el mismo gobierno a través del derogado Marco Jurídico para la Paz, tuvo que ceder paso al reconocimiento del delito político en la JEP, por medio de la incorporación de una Sala de Amnistía e Indulto. 

Esta fue una concesión a las Farc dado que se les reconoció como actor político en la mesa, bajo la promesa de que posterior a su desmovilización podrían ingresar a la competencia política institucional, como lo señaló el propio ex comisionado de paz y actual embajador en Bruselas, Sergio Jaramillo. (Contexto: La inclusión política garantiza que no se repita la violencia)

Por último, la imputación de responsabilidades no se descargará sobre los máximos responsables, sino que se “administrará” de acuerdo a la comprobación de la participación determinante en los hechos. Esta fue una concesión tanto a la guerrilla como a la cúpula militar, bastante comprometida con asesinatos a sangre fría de civiles que se hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate (Falsos positivos). 

He ahí el meollo de su seguridad jurídica. Esto es precisamente lo que la nueva coalición uribista en el Congreso hizo trizas.

¡Ganamos la consulta! ¿Y ahora qué?

¡Ganamos la consulta! ¿Y ahora qué?

La primera es ideal: el concejo municipal o el alcalde (o ambos de común acuerdo) emiten un acto administrativo validando los resultados de la consulta, Cortolima revoca las concesiones de agua que le ha otorgado a la empresa, el Ministerio de Ambiente restituye el área que sustrajo de la Reserva Forestal Central para labores de exploración y la ANLA cancela la licencia. En cuestión de semanas, Anglogold Ashanti estaría fuera de Cajamarca.

Pero el ideal no se parece a la realidad. En el momento en que escribo esta columna, todo se sabe sobre las declaraciones del Ministro de minas, Germán Arce, acerca de los resultados de la consulta, así que no hace falta convencer a nadie de que, en el seno del propio gobierno, se cocina una estrategia para desconocer la voluntad popular.

Ante una institucionalidad que se niega y desmantela a sí misma, por esta misma vía, solo queda instaurar peticiones, alegatos, demandas, y toda clase de instrumentos legales para hacer valer los resultados.

El camino, en adelante, estaría empedrado para expertos, funcionarios y leguleyos, y para uno que otro entendido en estas materias. La inmensa mayoría de la población que se expresó en las urnas el 26 de marzo queda automáticamente expulsada del debate.

La otra vía es la política y tiene dos aristas: la de la fuerza social y la de la fuerza electoral.

La primera se ha venido practicando hace diez años, pero hay que profundizarla: a los foros, las audiencias, los plantones y las marchas, hay que sumarle las alianzas estratégicas con las demás comunidades que resisten a otros megaproyectos.

Solo en el Tolima, ante la absoluta pasividad del gobierno departamental, se proyecta la construcción de una veintena de hidroeléctricas, la privatización del Río Magdalena y el desarrollo de proyectos de explotación no convencional de hidrocarburos o fracking, práctica prohibida en varios estados norteamericanos y algunos países de Europa.

Esta es la realidad del Huila, Caquetá, Meta, Cundinamarca, Antioquia, Chocó y Santander, entre otros departamentos, en donde la tecnocracia de Bogotá sueña apuntalar el proyecto de despojo territorial que iniciaron los paramilitares hace tres décadas en nombre de la contrainsurgencia y el progreso.

Al final, el agua y la privatización del territorio es el precio que pagamos en las regiones para que en Bogotá, las empresas multinacionales y unos cuantos políticos puedan seguir haciendo negocios. Ya sabemos que los ríos de dinero que surcan las campañas políticas corren a cuenta de las empresas para que, una vez en el poder, los políticos gobiernen en función de ellas.

A esa alianza macabra entre políticos (nacionales, regionales y locales) y empresas multinacionales es a la que una gran alianza social contra el extractivismo debe hacer frente, y eso no tiene otro nombre que política, esto es, en términos de Luis Javier Orjuela, la acción colectiva y conflictiva orientada a la construcción (mantenimiento o transformación) del orden social.

Pero buena parte del éxito de lo anterior depende de las formas institucionales de la política, una de las cuales es la democracia electoral. La consulta popular es expresión de ello, y ésta a su vez fue el producto de una coalición en el concejo municipal, y otro habría sido su resultado en las urnas de no haberse antecedido de una exitosa campaña a la alcaldía.

Si se acepta este punto de vista, lo que corresponde al movimiento es ampliar su rango de acción: ir a la calle y a las urnas, promover audiencias públicas informativas y conquistar los espacios democráticos de decisión, y en definitiva, incidir de manera crítica y propositiva en el desarrollo estratégico de la región.

Las próximas elecciones parlamentarias abren un gran espacio para que se cualifique y dignifique la paupérrima representación del Tolima en el Congreso de la República. Se ha abierto una gran ventana de oportunidad.

Reforma de la UT ¿Para la democracia o para la tecnocracia?

Escribí este artículo hace poco menos de un año, en el contexto de un debate asambleario sobre la crisis de la Universidad del Tolima. Hoy, como en la idea del eterno retorno de lo idéntico de Nietzsche, el debate se repite (y por supuesto la crisis se mantiene).

En realidad, es un debate que se viene dando hace años, y que en lo personal, he animado hace cinco: estamos de acuerdo en que la UT precisa de hondas reformas, la pregunta es cómo las vamos a hacer, qué profundidad deben tener y quiénes las van a llevar a cabo.

Contra la idea de una constituyente universitaria, en esa época, o de una reforma profunda a través de un proceso asambleario, hoy, se oponen los de siempre: pequeños grupos de profesores y estudiantes apoltronados en la comodidad del clientelismo y la corrupción.

Ellos nunca han tenido que decir que están en contra de una reforma, su papel “en la coyuntura” es repetir como verdaderos muñecos de ventrílocuo dos cosas: 1. que “la pelea es con el gobierno nacional, no con la administración”, y 2. que quienes impulsan esas reformas son “agentes de la ultraderecha”, que le abrirán las puertas para que “por fin se tome la universidad”.

Los otrora estudiantes ahora son funcionarios o siguen en sus organizaciones estudiantiles, a pesar del bajo rendimiento académico (BRA), “luchando contra el neoliberalismo”, no sin la ayuda del rector, su aliado, quien les garantiza toda clase de privilegios (porque el neoliberalismo solo llega hasta la puerta de la universidad, no entra).

Los profesores, por su parte, hace rato convencidos de que lo único que podrán revolucionar será sus propias condiciones materiales (a costillas del erario), permanecen incrustados en la alta burocracia académica y administrativa, como dice la canción, “de rama en rama”: de una decanatura a la ODI, de la ODI al CERE, del CERE a una alta asesoría, y de ahí quizá a la rectoría o a una vicerrectoría, nunca a la base profesoral.

La situación de la universidad en estos años, muy al contrario, es diametralmente opuesta a la de quienes se erigen en su defensa. En efecto, el lema que los identifica es “que todo cambie para que las cosas sigan siendo igual”.

Aunque eso hoy no es tan así: hace cinco años pensábamos que la UT no podía ir peor, sin embargo, en manos de José Herman Muñoz, la máxima expresión de “los de siempre”, hemos superado todas nuestras expectativas.

Entonces, es en estos momentos, en los que la institución parece un proyecto inviable, que retornan las voces reformistas que pretenden encausarla en la perspectiva académica, científica y social que le pertenece, para que de una vez por todas pueda escapar al control de los caciques políticos locales, regionales y nacionales – de izquierdas y derechas -.

Dejo en consideración mi punto de vista sobre cómo y quiénes deben llevar a cabo esa reforma profunda:

Parece que es un consenso de los estudiantes, los profesores y los funcionarios – incluso de las directivas – la necesidad de una reforma estatutaria académico-administrativa de la Universidad del Tolima. En lo que no parece haber acuerdo es en el cómo. La discusión está ahí.

La cuestión es que, el mecanismo o la forma a través de la cual se realice dicha reforma, no puede ser considerada puramente “instrumental”. En este caso, la forma, como han anotado los estructuralistas, determina el contenido.

El reciente proceso asambleario dejó sentada la discusión, y la tarea. La negativa del Rector de emitir un acto administrativo que le otorgue las facultades a la multiestamentaria para llevar a cabo el proceso de manera amplia y participativa, planteó un debate de fondo:

¿Quiénes, y en qué escenario, deben llevar a cabo la reforma del Estatuto General, y de los estatutos de los profesores y los estudiantes? ¿Qué instancia y mediante qué mecanismo se creará el estatuto administrativo? La jornada laboral, la investigación, el CIARP (Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje), los posgrados, deben ser reformados y reglamentados ¿Cómo se haría? La convivencia, el bienestar, la seguridad, la movilidad y los espacios y mecanismos de participación y representación deben ser repensados para el fortalecimiento de la comunidad universitaria ¿Quiénes lo llevarán a cabo?

Entre la democracia real y efectiva y la tecnocracia no hay grises. La tecnocracia es autoritaria, impone la dictadura de “los especialistas” y de los “asesores jurídicos”. Sus mejores exponentes en materia educativa son el Consejo de Educación Superior (CESU) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), responsables de la actual reforma fragmentada a la educación superior, cuyos lineamientos de política – construidos y definidos a puerta cerrada – condena a los pobres a una educación de pésima calidad, canaliza recursos para las universidades privadas a través del crédito educativo (mientras desfinancia a las públicas), niega la autonomía universitaria y el derecho fundamental a la educación, empeña la investigación a las demandas del sector privado, y precariza la labor docente a niveles aún no conocidos.

La experiencia democrática, por su parte, tiene su mejor antecedente en la Universidad de Nariño. Desde el 2007 la institución se ha declarado en un proceso de “Reforma profunda”, a través del cual ha construido su Plan de Desarrollo 2008 – 2020 y su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Actualmente se encuentra en la fase final de la elaboración de su Estatuto General.

La reforma de la UdeNar se ha dado en el seno de la Asamblea Universitaria (AU), espacio multiestamentario adscrito a la Rectoría, y reconocido por la comunidad universitaria que la conforma. Con la aprobación del nuevo estatuto por parte del Consejo Superior, la AU pasará a hacer parte de la estructura orgánica de la institución.

Contrario a lo expresado por el Rector de la UT en su comunicado del pasado 8 de mayo de 2015, a través del cual dejó “constancia pública” de la supuesta “inviabilidad de la propuesta de emitir un acto administrativo que diera reconocimiento a las decisiones tomadas por las asambleas”, porque presuntamente “pasaría por alto lo establecido en la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General de la Universidad del Tolima”, el mismo 8 de mayo, pero de 2009, el rector de la UdeNar emitió la Resolución 1781, por medio de la cual convocó a la Asamblea Universitaria y determinó las disposiciones para garantizar su instalación y funcionamiento:

“En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial las que surten del Artículo 69 de la Constitución Nacional que establece “La Comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación” y del Artículo 28 de la Ley 30 de 1992 que establece que “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos” y Considerando (…)

“ (…) la necesidad de adelantar una reforma académico – administrativa fundamentada en los principios de la participación democrática, el pluralismo ideológico, la autonomía y la libertad para el libre discurrir del pensamiento; (…) Resuelve

“Artículo 1: Constituir la Asamblea Universitaria que se define como un organismo de participación y deliberación de la comunidad universitaria cuyo fin es el de materializar la reforma universitaria profunda en sus normas principales y generales.

“La Asamblea Universitaria resume la democracia y autonomía universitarias. Posee la legitimidad que le otorgan los estamentos universitarios, al encontrarse éstos ampliamente representados en ella y depositar en sus designios el futuro del Alma Mater. La Asamblea Universitaria condensa las más caras aspiraciones de la sociedad por la defensa de la universidad pública; el avance científico y tecnológico, de las humanidades y de las bellas artes; así como el desarrollo material de Nariño y Colombia.”

Desde el 2009 la AU se ha dado su propio reglamento, modificado su composición y gozado del reconocimiento y respaldo de los Consejos Superior y Académico (cuyos delegados la componen como miembros honorarios) y de los sucesivos rectores, elegidos de manera directa por los estudiantes y los profesores (los sectores más amplios en la AU).

Desafortunadamente la UT ha transitado en un camino distinto de la UdeNar. La actual administración ha aprobado sin participación real y efectiva de la comunidad el Plan de Desarrollo 2013 – 2022, los Lineamientos Curriculares y el PEI, este último publicado con más de 180 errores de ortografía y con una definición del “ser” profesor universitario bastante pobre tanto conceptual como políticamente. Contrario a lo que debería, ninguno de estos documentos tiene valor para la vida universitaria, más allá de constituir metas de indicadores y requisitos institucionales para el proceso de acreditación de alta calidad. 

El documento de “política pública 2034” confeccionado por el CESU, con el concierto de la Ley de Inspección y Vigilancia impuesta por el MEN, pretende orientar las reformas estatutarias académico-administrativas que se empiezan a animar en varias universidades estatales. La pregunta por el cómo afrontará la UT esta coyuntura está en el centro del debate, ¿Le abriremos la puerta al paradigma tecnocrático universidad-empresa-estado (y a sus expertos) o defenderemos la autonomía universitaria con las herramientas de la democracia ancha y profunda (con todos y todas)?

Ese es el debate.

Desafíos de la cooperación internacional en el posconflicto

Colombia ha vivido varios escenarios transicionales producto de diferentes negociaciones políticas o de victorias militares. Sin embargo, la persistencia del conflicto armado ha hecho que se combinen las políticas y los discursos de guerra con los de la paz, lo cual le ha imposibilitado dejar atrás la violencia de manera definitiva y avanzar hacia un verdadero posconflicto (armado).

Las negociaciones más recientes de los años 90 y 2000, por ejemplo, se desarrollaron y se firmaron en medio de la guerra total contra el narcotráfico y las guerrillas. A ese estado de cosas, la cooperación internacional no ha sido ajena: mientras que a través del “Plan Colombia” (EE.UU) se tecnificaba la guerra, los “Laboratorio de paz” (UE) atendían las iniciativas de paz de la sociedad civil y promovían la defensa de los derechos humanos.

La actual coyuntura comporta una situación parecida: el acuerdo de paz firmado con las Farc, se implementa en medio de una muy difícil negociación con el ELN y de una cada vez más importante capacidad de daño de las organizaciones herederas del paramilitarismo.

En este escenario, ¿Cuáles serían los desafíos de la cooperación internacional? ¿De qué manera podría coadyuvar a la construcción de una transición exitosa?

Los cooperantes en Colombia se han ocupado de atender tanto las causas como las consecuencias del conflicto armado: la propiedad de la tierra, la participación política y el narcotráfico, por el lado de las causas, y la atención a las víctimas y la reintegración, por el lado de las consecuencias.

Los acuerdos de La Habana tienen varios puntos de encuentro con estas agendas, lo cual podría permitir una división del trabajo eficiente en materia de ayuda para la implementación de lo acordado en el corto y mediano plazo.

Adicionalmente, la Agencia Presidencial para la Cooperación definió una Hoja de Ruta con las prioridades del gobierno nacional en material de cooperación internacional, a partir de tres áreas temáticas centrales para el posconflicto (armado):

La construcción de paz, el desarrollo rural sostenible y la conservación y sostenibilidad ambiental. En ese sentido, un primer “desafío” (y se puede llamar así) para los cooperantes, es ayudar bajo el liderazgo del gobierno, sin tratar de imponer sus intereses estratégicos.

Esto ha sido determinante para la recuperación exitosa de los Estados en posconflicto, o “Estados fénix” (Phoenix States), como los llama la literatura internacional (Véase el reciente libro de Desha Girod, por ejemplo).

Por otra parte, al reducir la discrecionalidad de la cooperación, tanto gobierno como cooperantes pueden definir estrategias de coordinación efectiva en los territorios. La coordinación de los distintos actores es otro desafío en este contexto.

El tercer desafío para los cooperantes es contribuir a la edificación de lo que Lederach ha denominado “infraestructuras para la paz”.

En el corto plazo, los cooperantes pueden suplir al Estado en los territorios en donde su presencia institucional es débil, pero su experiencia y legitimidad debe contribuir no solo al momento inmediatamente posterior a la firma (en la implementación de los acuerdos a nivel local) sino en el largo plazo, en dirección de construir capacidades e instituciones fuertes en el nivel local.

Esto compromete conocer el contexto y trabajar de la mano con los distintos actores locales, lo cual es en sí mismo otro desafío.

Es ideal que en los procesos de seguimiento y la evaluación de los resultados de la ayuda, las comunidades y las autoridades locales cuenten con las capacidades y las plataformas organizativas, los primeros, y la solidez institucional, los segundos, para definir de acuerdo a sus propias prioridades, la futura distribución de los recursos de la ayuda.

El último desafío viene de la mano de las reformas estructurales que comprometen el modelo de desarrollo y la participación política, prima facie del conflicto social y armado colombiano, lo cual exige un tratamiento prudente.

Primero, porque los imperativos del desarrollo a nivel internacional no son necesariamente convenientes para el país en material social, ambiental o política; segundo, porque las prioridades para el desarrollo definidas desde el gobierno nacional, no son necesariamente las mismas de los gobiernos regionales y locales, ni las de las comunidades organizadas territorialmente.

Ha sido la imposibilidad histórica de tramitar estos conflictos por la vía política, lo que ha llevado a las armas a actores contra-estatales como para-estales. Mediar estos conflictos es un desafío fundamental para la comunidad internacional que coopera para la recuperación en el postconflicto armado colombiano.

Foto: Viviana Sánchez

La responsabilidad de los medios en el conflicto, ¡Mayúscula!

Fue un fallo del Tribunal Administrativo de Bogotá en contra del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el que puso el debate sobre la mesa.

La magistrada ponente, Alexandra Valencia, encontró que los medios de comunicación fueron “complacientes” con el paramilitarismo, toda vez que publicaron extensas entrevistas con el máximo jefe de las AUC, Carlos Castaño Gil, en las que el desaparecido fundador de las autodefensas habría publicitado su discurso antisubversivo.

En opinión de la magistrada, la prensa ha cumplido “un rol fundamental en la propagación y legitimación de los discursos de odio” proferidos por algunos funcionarios públicos.

La versión de Valencia es confirmada por la periodista Maria Teresa Ronderos, en uno de los capítulos de “Guerras recicladas” su “historia periodística del paramilitarismo en Colombia”.

Ronderos señala que en dos entrevistas para televisión en el año 2000, el menor de la casa Castaño causó tan buena impresión a sus entrevistadores “que en una incluso le preguntaron si buscaba ser presidente de Colombia”. Por entonces – y esto lo documenta muy seriamente la autora – “el conteo de masacres de las AUC ya iba en 372, los desaparecidos en las decenas y los desplazamientos forzados en los millones.”

Castaño Gil era por entonces el principal sospechoso del asesinato de Jaime Garzón, en concierto con militares activos y en retiro. Pero éste no desaprovechó las entrevistas (las mismas de que habla Ronderos) para “pasarse por inocente”.

Sus escalofriantes argumentos quedan para la historia: “a no, a mi me pueden echar otros, pero ese muerto no me toca a mí”.

Fue en esa ocasión que Claudia Gurisatti, una de sus entrevistadoras, le lanzó la pregunta sobre sus aspiraciones presidenciales.

Y fue contra la propia Gurisatti, hoy directora de noticias del Canal RCN, que el columnista de la Revista Semana, León Valencia, descargó sus baterías argumentativas.

Valencia recriminó al canal de la familia Ardila Lülle y a su directora de noticias, su peligrosa intención de orientar la información en favor de una causa política: la de la ultraderecha y su oposición acérrima al proceso de paz:

“No he oído en estos días voces de alarma por esta situación. Pero es grave. Con solo dos grandes canales de televisión abierta, que forman la opinión de la inmensa mayoría de los colombianos, ya es bastante precaria la pluralidad informativa del país. Pero si, además, en uno de ellos, quien orienta la información declara su intención de poner el medio a favor de una causa política, el panorama se torna totalmente oscuro.”

“Sé que Claudia Gurisatti tiene en su alma heridas que la acercan a Uribe y a su grupo. En el mejor momento de su carrera periodística, empezando el año 2001, los organismos de seguridad del Estado le dijeron que las Farc tenían un plan para matarla y con esa carga encima tuvo que salir del país apresuradamente y solo ahora regresa con sus baterías contra el proceso de paz y su distancia con Santos.”

El análisis de Valencia es acertado, pero las repercusiones no se hicieron esperar. Los periodistas rechazaron los argumentos de su crítica y respondieron con “solidaridad de gremio”, reduciendo todo a un ataque personal. Sin embargo, las observaciones de León Valencia siguen sin responder.

En realidad el problema no es sólo del Canal RCN. La responsabilidad de los medios en el conflicto, deriva de la forma como lo han cubierto, o mejor, por el hecho de no cubrirlo en rigor, y de ese padecimiento no se salva ninguna de las grandes “casas editoriales”, la Revista Semana incluida.

Su régimen de propiedad, los modelos de negocio, las reglas y condiciones como se produce la información, pero además, las posiciones ideológicas o la famosa “línea editorial” que defienden desde sus salas de redacción, los han ubicado en una orilla de la confrontación, no pocas veces en la propia línea de combate.

Hay mucha evidencia que respalda la afirmación según la cual, en Colombia, los grandes medios de comunicación no están comprometidos con la democracia ni con la verdad y tampoco co la libertad de expresión que dicen defender, sino con los intereses de sus propietarios.

Intereses que no solamente pasan por la economía, sino por la política y el mantenimiento de cierto orden social. Lo que está pasando con el periódico El Tiempo es una terrible muestra.

Las declaraciones del periodista Romèo Langlois, una vez liberado del cautiverio de las Farc, todavía retumban en las redacciones. “Hay que seguir cubriendo el conflicto (…) y esto debe hacerse hablando con todos los actores del conflicto pues éste es invisibilizado (…) el trabajo de un periodista es cubrir todas las partes del conflicto, la guerrilla, el Ejército, llevar a la gente el conflicto (…)  es muy triste que haya que retener gente para que se hable del conflicto, que es un conflicto olvidado, no se cubre en las noticias”.

Los periodistas respondieron con solidaridad de cuerpo, descalificando los argumentos de la columna, a lo que redujeron como “ataques”.

Santos se puede ir a “recostar” al otro gran canal, o a los grandes periódicos, que no son controlados por la familia Ardila Lülle, pero ese no es el punto. Estamos hablando